La Guardia Civil de Menorca ha desarticulado un grupo criminal dedicado presuntamente al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, asentado en Sant Lluís, en el marco de la operación «THOR». La actuación se ha saldado con la detención de cuatro hombres: tres españoles de 62, 60 y 42 años y un colombiano de 33.
La operación antidroga desarrollada el pasado martes, 11 de agosto, permitió desmantelar dos de los puntos de distribución de estupefacientes más activos de la zona de levante de Menorca, desde los que se suministraban sustancias ilícitas en Maó, Es Castell y Sant Lluís.
La investigación comenzó hace seis meses a partir del estudio de los partes de servicio de las unidades de Seguridad Ciudadana. Las pesquisas apuntaban a una actividad organizada y continuada con una importante capacidad de distribución.
Los investigadores constataron además que el principal investigado utilizaba su entorno familiar como apoyo para dificultar la localización de la droga y blanquear el dinero procedente de su venta. Según la Guardia Civil, algunos familiares eran empleados como testaferros para obstaculizar la localización de los beneficios obtenidos mediante el tráfico de drogas.
Cinco registros y 237.500 euros en efectivo
La investigación, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Menorca, culminó con cinco registros: uno en Ciutadella, otro en Es Castell, una nave situada en el polígono de Sant Lluís y dos fincas del mismo municipio.
Durante los registros se intervinieron 237.500 euros en efectivo, 850 gramos de cocaína y dos kilos de marihuana, además de 16 teléfonos móviles, cinco vehículos, una embarcación, un arma simulada, básculas de precisión y otros elementos empleados para la distribución de las sustancias, que serán analizados en el marco de la investigación.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado miércoles, 12 de agosto. La autoridad judicial decretó prisión bajo fianza para el cabecilla de la organización, de 42 años, mientras que para el resto se acordó la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado competente.