Bajo el lema «Menorca diu prou», cerca de 200 personas se han manifestado esta tarde por las principales calles del centro de Maó para denunciar la emergencia habitacional que atraviesa la isla. La marcha, convocada por la Plataforma Menorca per un Habitatge Digne, ha servido para poner rostro a una crisis que, según los organizadores, ya no es un problema aislado, sino una «injusticia social y una emergencia colectiva».
La manifestación ha transcurrido en un ambiente reivindicativo, sumando fuerzas de diversos colectivos sociales, sindicatos y familias afectadas que han querido dejar claro que «vivir en Menorca no puede ser un privilegio, sino un derecho».
El drama de los desahucios en el foco
Al finalizar el recorrido, se ha procedido a la lectura de un manifiesto de extrema dureza contra la gestión de las administraciones y el papel de los grandes tenedores. Se han puesto sobre la mesa casos alarmantes que afectan a la geografía insular de punta a punta:
- Alaior: 56 familias abandonadas a su suerte cuyos hogares saldrán a subasta próximamente.
- Maó: 50 familias amenazadas por la SAREB (el «banco malo»).
- Ciutadella: El anuncio de siete desahucios previstos para la próxima semana, muchos de los cuales se mantienen en la sombra.
«No es mala suerte. Es el resultado de un modelo que ha convertido la vivienda en un negocio», rezaba el texto, que también enviaba un mensaje de ánimo a los jóvenes que no pueden emanciparse y a los trabajadores que, pese a tener empleo, no pueden costearse un techo.
Radiografía de la especulación: Datos que alarman
Durante la lectura se han compartido cifras extraídas de estudios recientes (como el de la OBSAM de octubre de 2025) que explican la precariedad actual:
- Viviendas vacías: Existen 828 casas desocupadas durante más de dos años en la isla.
- Uso no residencial: El 38% de la vivienda en Menorca no se utiliza como residencia habitual.
- Acaparamiento: El 10% de las casas están a nombre de sociedades, mientras que la vivienda pública apenas representa el 0,7%.
- Presión externa: Casi un tercio de las compraventas actuales las realizan no residentes, y más de 7.500 viviendas pertenecen a extranjeros (el 13% del parque total).
Exigencias: De la zona tensionada a la expropiación
La plataforma ha exigido medidas «valientes y estructurales» para frenar lo que han calificado como «terrorismo habitacional». Entre sus principales demandas destacan:
- Recuperación del Escudo Social: Para evitar desahucios de familias vulnerables.
- Regulación del mercado: Declaración inmediata de las Islas Baleares como zona tensionada y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda para reducir alquileres abusivos.
- Prohibición de compra especulativa: Impedir que los no residentes compren vivienda mientras dure la emergencia y prohibir totalmente las adquisiciones con fines puramente especulativos.
- Control del alquiler turístico: Eliminación de esta práctica en zonas urbanas residenciales y persecución del fraude en los alquileres de temporada.
- Ampliación del parque público: Expropiación de viviendas vacías durante años y construcción urgente de VPO.
- Cambio legislativo: Que el Artículo 47 de la Constitución pase a ser un Derecho Fundamental y se derogue la Ley Mordaza.
«Sin vivienda no hay futuro ni presente, ¡no hay vida!», concluía el manifiesto entre los aplausos de los asistentes.