Un grupo de 22 profesionales del derecho de las Illes Balears, entre los que destaca la abogada menorquina Cristina Gómez, ha relanzado su campaña para exigir una reforma de la Constitución Española que elimine el privilegio de la inviolabilidad del jefe del Estado. otros impulsores de la consulta son los jueces José Castro (instructor del caso Noo) y Juan Pedro Yllanes (diputado al Congreso y al Parlament balear por Podemos).La iniciativa busca que el rey Felipe VI deba responder ante la Justicia, tanto en el ámbito civil como en el penal, en caso de cometer infracciones legales al margen de sus funciones políticas institucionales.
El colectivo inició sus acciones en diciembre de 2022 tras conocer unas declaraciones de Carmen Calvo —actual presidenta del Consejo de Estado— en las que revelaba que el Gobierno central se había planteado reformar este privilegio, pero que la medida se descartó tras abordarlo con el Partido Popular y la Casa Real. Ante la negativa de la Corona a renunciar a esta condición, los juristas advierten de que el actual monarca "sigue disfrutando del mismo derecho a actuar al margen de la ley que disfrutó Juan Carlos I", un reducto legal que consideran un "producto del legado franquista".
Silencio institucional y primera respuesta de Moncloa
Tras no obtener respuesta a su manifiesto inicial de 2022, el grupo de juristas ha mantenido su reivindicación enviando escritos de forma consecutiva al presidente del Gobierno en los años 2023, 2024 y 2025. En estas comunicaciones, además de insistir en la renuncia al privilegio real, los profesionales isleños han solicitado formalmente que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluya en sus barómetros oficiales una pregunta específica sobre el mantenimiento o la supresión de la inviolabilidad del monarca.
El bloqueo institucional se ha roto recientemente. El pasado 20 de mayo, el colectivo recibió la primera contestación oficial por parte de la Presidencia del Gobierno. En dicha carta, el Ejecutivo central elude pronunciarse sobre el fondo de la reforma constitucional y emplaza a los juristas a redirigir sus peticiones de forma directa tanto a la propia Casa Real como al CIS.
Consulta a la ciudadanía antes de apelar a la Zarzuela
Antes de dar el siguiente paso y dirigirse a la jefatura del Estado, el grupo liderado por Gómez quiere pulsar el sentir de la calle respecto a esta prerrogativa jurídica. Con este objetivo, han abierto un proceso de consulta a la sociedad civil para conocer si la ciudadanía secunda la modificación de la Carta Magna a través de la siguiente pregunta:
¿Debe aprobarse la reforma necesaria para que el jefe del Estado tenga que responder ante la Justicia en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña?
Con los resultados de esta consulta, los 22 juristas de Baleares prevén argumentar con mayor respaldo social su exigencia de que todos los ciudadanos, incluido el rey, sean iguales ante los tribunales.