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Més per Menorca pide a Hacienda retirar una subvención de 1 millón de euros al Hotel CAP Menorca

La petición se basa en el presunto uso de un pozo ilegal del que se habrían extraído hasta 40.000 litros de agua diarios

La Guardia Civil precintó el pozo.
La Guardia Civil precintó el pozo.

Més per Menorca ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España que retire la subvención de un millón de euros concedida al Hotel CAP Menorca, situado en las antiguas baterías militares de Llucalari, a raíz de la presunta infracción ambiental cometida por el establecimiento con la extracción de agua a través de un pozo ilegal.

La instancia ha sido firmada por los dos consellers de Més per Menorca, Noemí Garcia y Esteve Barceló, así como por los diputados en el Parlament de les Illes Balears Josep Castells y Joana Gomila. En el documento, los representantes menorquinistas piden explícitamente que no se abone esta ayuda pública, ya que consideran incompatible "recibir fondos públicos mientras se comete un atentado grave contra el territorio y los recursos naturales de Menorca".

Cabe recordar que el hotel fue inspeccionado por el SEPRONA, que procedió a la clausura de un pozo ilegal del que, según las autoridades policiales, se extraían hasta 40.000 litros de agua diarios. Una cantidad que, según Més per Menorca, pone en evidencia la magnitud de la infracción en un contexto de sequía y presión creciente sobre los acuíferos de la isla.

El coordinador general de Més per Menorca, Esteve Barceló, ha sido contundente: “No tiene ningún sentido que el Estado premie con dinero público un proyecto que incumple la normativa ambiental y que hace un uso ilegal de un recurso tan limitado como el agua. Esto es una falta de respeto hacia la ciudadanía y hacia el territorio menorquín”.

Barceló ha añadido que “la transición ecológica y la sostenibilidad no pueden quedarse en simples eslóganes mientras se permiten prácticas de este tipo”.

Además, los representantes del partido piden que, en el caso de que la subvención ya haya sido abonada a la propiedad del hotel, el Ministerio emprenda las medidas necesarias para exigir el reintegro íntegro de los fondos a la administración pública. “El dinero público debe servir para proteger el interés general, no para avalar infracciones ambientales graves”, ha concluido Barceló.

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Christian Melis

Periodista de Menorca al Dia