La Plataforma per l’Habitatge Digne de Menorca ha presentado ante el Consell Insular y los ayuntamientos de la isla una propuesta de acuerdo para reclamar al Gobierno de España la prórroga de las medidas del escudo social en materia de vivienda, con el objetivo de proteger a las familias en situación de vulnerabilidad ante posibles desahucios.
La iniciativa, que incluye una extensa memoria justificativa, argumenta la necesidad urgente de mantener estas medidas mientras persistan las dificultades estructurales que afectan a la vivienda en Menorca, donde la combinación de precios al alza, alquileres inaccesibles y escasa oferta configura lo que la plataforma define como “una situación de emergencia habitacional”.
Vulnerabilidad creciente en la isla
En el documento registrado, la entidad advierte de que el fin de las medidas del escudo social podría dejar “centenares de hogares en una situación de desprotección absoluta”. Entre los colectivos más afectados señala a personas mayores, jóvenes con escasos recursos, familias monoparentales, personas migradas, víctimas de violencia machista y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión
La plataforma subraya que el derecho a la vivienda está “gravemente comprometido” en Menorca y reclama que “ninguna familia vulnerable quede en la calle, ni ahora ni nunca”. Al mismo tiempo, defiende la necesidad de reforzar los mecanismos de compensación a propietarios para garantizar un equilibrio entre protección social y seguridad jurídica.
Medidas vigentes desde 2020
La propuesta recuerda que el escudo social aprobado en 2020 (RDL 11/2020, RDL 37/2020 y sus prórrogas) ha permitido frenar desahucios y dar margen a los servicios sociales para intervenir en situaciones críticas. Además, la Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda establece la obligatoriedad de realizar una evaluación previa de vulnerabilidad antes de ejecutar cualquier lanzamiento.
Principales demandas
La Plataforma per l’Habitatge Digne solicita a las instituciones menorquinas que insten al Gobierno a prorrogar la suspensión de desahucios para familias vulnerables, reforzar los mecanismos de compensación a propietarios, garantizar que no haya desahucios sin una evaluación previa de vulnerabilidad social o económica y ampliar el parque público de vivienda y reforzar los programas de ayuda al alquiler.
Además, pide que el acuerdo se dirija también al Govern balear, al Gobierno de España y a las entidades municipalistas.
Seguimiento y llamamiento público
La plataforma ha anunciado que realizará un seguimiento activo del trámite de la propuesta e invita a las instituciones y representantes públicos a respaldarla. También hace un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos afectados a sumarse: “La isla necesita medidas valientes y coordinadas para garantizar el derecho básico a una vivienda digna”.