La desigualdad salarial en las Islas Baleares ha registrado un repunte del 1,21 % durante el último año, situando la brecha en un 8,67 %. Según el informe de UGT basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las mujeres percibieron de media 26.260 euros brutos anuales, lo que supone 2.493 euros menos que sus homólogos varones.
Este incremento interrumpe la tendencia descendente iniciada en 2016, cuando la brecha era del 15,3 %, y que solo se había visto alterada anteriormente por la crisis de la COVID-19 en 2020. Los datos revelan que el salario masculino creció más del doble que el femenino respecto al ejercicio anterior: mientras ellos aumentaron sus ingresos en 598 euros de media, ellas solo lo hicieron en 206 euros.
Causas de la discriminación
El sindicato atribuye este retroceso a factores estructurales. En 2023, las trabajadoras baleares percibieron menos complementos salariales, realizaron menos horas extraordinarias y ocuparon un menor número de cargos directivos. Además, las reducciones de jornada por cuidados familiares siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, penalizando su escala profesional y sus ingresos variables.
De hecho, la brecha en el cobro de horas extra se dispara hasta el 33,2 %, mientras que en los complementos alcanza el 11,4 %, frente al 5 % detectado en el salario base.
Baleares, la segunda brecha más baja del país
A pesar del repunte, el archipiélago mantiene la segunda brecha salarial más baja de España, solo superada por Canarias (4,7 %) y muy lejos de la media nacional, situada en el 15,7 %. UGT explica que esta posición se debe al predominio del sector servicios en las islas; al ser un sector con salarios más bajos en general, las diferencias son menores que en comunidades industriales como Navarra (20,6 %), donde los sueldos son más elevados y están históricamente masculinizados.
Desde el sindicato insisten en que este retroceso puntual no invalida los avances logrados gracias a la Reforma Laboral y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, pero exigen una regulación más estricta de la parcialidad y más medios para la Inspección de Trabajo con el fin de garantizar la igualdad retributiva real.