Este jueves se celebra la última jornada de huelga médica esta semana en Menorca. Como en los días anteriores, los facultativos se han concentrado a las 8.30 horas ante el Hospital Mateu Orfila, donde han vuelto a reclamar el fin de las guardias de 24 horas y la creación de un estatuto médico propio.
El portavoz de SIMEBAL en la isla, el doctor Claudio Triay, ha explicado a este medio que la concentración ha contado con una participación destacada. En este sentido, cabe recordar que, según los datos del sindicato, en las anteriores jornadas de huelga de esta semana en Balears el seguimiento se ha situado entre el 75 % y el 80 % en el ámbito hospitalario y en torno al 45 % en Atención Primaria.
La protesta de este jueves se enmarca en la tercera semana de movilizaciones del colectivo médico contra el borrador del nuevo Estatuto Marco, una reforma que los profesionales rechazan al considerar que no responde a sus reivindicaciones laborales ni reconoce las particularidades de la profesión médica.
El impacto de la huelga en la actividad sanitaria fue subrayado ayer por el portavoz del PP Balears en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien denunció la “grave situación” que atraviesa el sistema sanitario en las Illes Balears y responsabilizó al Gobierno central y al Ministerio de Sanidad de la falta de acuerdo con los profesionales.
Según los datos expuestos por Sagreras, el conflicto acumula ya 5.545 cancelaciones en Balears, de las cuales 5.408 corresponden a citas y 137 a operaciones suspendidas. El portavoz popular lamentó que la huelga esté afectando directamente a la ciudadanía y sostuvo que “cada cita y cada operación suspendida esta semana tiene responsables claros”.
Sagreras atribuyó la situación a la “falta de negociación, de diálogo y de voluntad de acuerdo” por parte del Ministerio de Sanidad y reclamó el cese o la dimisión de la ministra Mónica García por su “incapacidad para dialogar y gestionar este conflicto”. A su juicio, la imposición del nuevo Estatuto Marco “sin escuchar a los profesionales sanitarios” ha generado un “profundo malestar” y ha abierto un conflicto que pone en riesgo la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes.