El GOB ha denunciado una nueva modificación legislativa presentada por el Partido Popular que, según la entidad ecologista, supone una rebaja “especialmente grave” en la protección de los espacios naturales de las Illes Balears. La propuesta plantea cambios en la Ley de Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental de las Illes Balears, la LECO, que regula los usos en espacios como parques naturales o zonas de la Red Natura 2000.
La crítica del GOB se centra en la modificación del artículo 52 de la ley. Según la entidad, con el cambio propuesto dejarían de considerarse infracción administrativa los incendios deliberados de masa forestal arbórea dentro de espacios naturales protegidos. Para el grupo ecologista, eliminar o rebajar las sanciones a quienes queman intencionadamente bosques protegidos transmite a la opinión pública una “sensación de impunidad” que considera “altamente peligrosa”.
El GOB recuerda que esta iniciativa se suma a otras enmiendas del mismo grupo político que ya había denunciado en las últimas semanas, como las dirigidas a permitir la caza en islotes y otros espacios de alto valor natural. A su juicio, todas estas modificaciones comparten un mismo objetivo: reducir la protección del territorio bajo el argumento de agilizar la burocracia.
La entidad también critica que las enmiendas planteen recortar la participación ciudadana en los procesos de exposición pública. En concreto, advierte de que la modificación de los instrumentos de planificación de estos espacios pasaría a contar con un plazo de solo 20 días naturales. El GOB subraya que, al incluir sábados y domingos, días en los que la administración no funciona de forma ordinaria, el tiempo real para consultar la documentación y presentar alegaciones quedaría muy limitado.
Para los ecologistas, esta reducción de plazos no supone una verdadera simplificación administrativa, sino “un recorte a la transparencia del funcionamiento público” que puede dificultar que la ciudadanía participe de forma efectiva en decisiones que afectan a espacios protegidos.
Estas modificaciones se tramitan mediante enmiendas a la conocida como Ley Ómnibus, vinculada al decreto de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de Balears. El GOB advierte de que esta norma prevé modificar más de 40 textos legales vigentes y teme que, con nuevas enmiendas, la cifra pueda aumentar.
La entidad considera “incomprensible” que puedan darse situaciones en las que determinadas conductas estén tipificadas como delito en el Código Penal, pero no comporten sanción administrativa en el ámbito autonómico. En este sentido, denuncia que el Govern esté dedicando esfuerzos a “desproteger aún más” el territorio en un momento de fuerte presión turística sobre las Islas.
El GOB llama a la ciudadanía a mantenerse informada y a participar en las acciones de protesta que puedan convocarse ante unas modificaciones que, según la entidad, suponen un paso atrás en la conservación de los espacios naturales de Balears.
