El Partido Popular de Menorca exigirá formalmente al Gobierno de España que asuma el impacto económico y social derivado de la regularización extraordinaria de inmigrantes. El Grupo Popular defenderá este lunes en el pleno del Consell Insular una propuesta de acuerdo para reclamar al Ejecutivo central financiación extraordinaria ante una medida que, según denuncian, se ha ejecutado "sin planificación" y traslada toda la presión a las administraciones locales y autonómicas.
Desde el PP recuerdan que las cifras oficiales han desbordado por completo las previsiones iniciales del PSOE Menorca, que estimaba el alcance en unas 700 personas. Finalmente, en la isla se han registrado 2.005 solicitudes, casi el triple de lo previsto. Para los populares, este desfase demuestra la falta de previsión del Gobierno del Estado.
El portavoz del PP en el Consell Insular de Menorca, Joan Pons, ha asegurado que "los datos demuestran que el Gobierno ha improvisado con una decisión de enorme trascendencia". Pons ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretenda que sean los consells, las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes gestionen las consecuencias de sus decisiones, tildando la medida de "electoralista".
Impacto en los servicios públicos y recursos de la isla
La formación alerta de que una regularización extraordinaria de este calado pone en riesgo el equilibrio de territorios "limitados y frágiles" como Menorca, incidiendo directamente en la presión sobre la vivienda, el consumo de agua, la sanidad, la educación, los servicios sociales y la movilidad.
"Quien toma la decisión tiene la obligación de planificarla y de asumir su coste, no de dejar solos a los consells y a las comunidades autónomas", ha manifestado el portavoz popular.
Por todo ello, la propuesta que se debatirá en el pleno reclama al Gobierno de España la elaboración urgente de un estudio de impacto detallado para Menorca, así como la creación de un fondo de financiación extraordinario que compense los sobrecostes que deberán afrontar las instituciones de la isla. Pons ha concluido defendiendo una inmigración "legal, ordenada y compatible con la capacidad real de acogida de Menorca", acusando a la izquierda de incurrir en una "incoherencia" al alarmar por la saturación de recursos mientras aprueba esta medida.