El GOB de Menorca ha advertido de que la nueva Ley 4/2026 de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, conocida como ley ómnibus, rebaja las garantías destinadas a comprobar que existe agua suficiente para asumir nuevos crecimientos urbanísticos. La entidad ecologista considera que la modificación es «anticonstitucional» y ha anunciado que se personará en los procedimientos que pretendan acogerse a esta medida.
La norma, aprobada por el Parlament balear el pasado 26 de mayo con los votos del PP y Vox, incorpora una disposición adicional que permite a los ayuntamientos aprobar o desarrollar determinados planeamientos urbanísticos sin solicitar previamente el informe de suficiencia hídrica de la Dirección General de Recursos Hídricos.
Según el GOB, este cambio debilita uno de los principales controles ambientales sobre el crecimiento urbano y "amenaza especialmente" a Menorca, donde buena parte de las masas de agua se encuentran sobreexplotadas o contaminadas.
La organización sostiene que la nueva regulación puede servir para desbloquear desarrollos urbanísticos que permanecían paralizados precisamente por informes que advertían de la falta de recursos hídricos suficientes.
El GOB ha anunciado que se personará en todos los casos que pretendan beneficiarse de esta excepción, al considerar que la disposición contradice normativa de rango superior.
La entidad recuerda que la legislación estatal de aguas obliga a emitir un informe previo sobre los planes que comporten nuevas demandas de agua. También señala que el Plan Hidrológico de Baleares, aprobado mediante el Real Decreto 49/2023, regula la suficiencia de los recursos y la capacidad de depuración, además de exigir los datos de consumo de los cinco años anteriores.
Según el colectivo, la excepción introducida para determinados planes de desarrollo, con un límite de ocho años, no está contemplada en el Plan Hidrológico y entra en contradicción con sus requisitos. El GOB considera además que la memoria municipal prevista para sustituir el informe no puede equipararse a una valoración independiente de la administración hidráulica.
La organización ecologista también advierte de que la omisión de este informe puede provocar la nulidad de pleno derecho del planeamiento. Como ejemplo, cita una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anuló una modificación del Plan General Metropolitano en el barrio de Gràcia, en Barcelona, por no haberse solicitado el correspondiente informe sobre disponibilidad de agua. Por este motivo, el GOB sostiene que los planes aprobados al amparo de la nueva excepción podrían quedar expuestos a impugnaciones.
La entidad considera asimismo que el Govern balear parece sumarse a una corriente de «negacionismo hídrico» ante los problemas de disponibilidad de agua que afectan a Baleares.
En Menorca, el GOB menciona varios desarrollos urbanísticos que se han visto condicionados por la falta de suficiencia hídrica. Entre ellos cita una promoción de chalés en Binissafúller y Cap d’en Font, el proyecto de 500 nuevas plazas hoteleras en Repòs del Rei, en Es Castell, y posibles actuaciones en Platges de Fornells.
La organización recuerda igualmente que el Plan General de Ciutadella quedó sujeto a importantes condicionantes por parte de la Dirección General de Recursos Hídricos.