La diputada socialista Carol Marquès ha cuestionado este martes en el pleno del Parlament la decisión del Govern de volver a autorizar la extracción de agua del pozo de Llucalari, después de que hubiera sido clausurado por extraer agua sin autorización.
Según ha expuesto Marquès, el pozo fue descubierto por el Seprona mientras se utilizaba para extraer agua destinada a llenar 17 piscinas sin contar con autorización. El Govern ordenó su clausura el 1 de diciembre de 2025, pero el 10 de abril de 2026, antes de que finalizara el expediente sancionador, ya había concedido una nueva autorización de extracción durante un año.
«Trece días antes de sancionarlos ya les habían vuelto a abrir el grifo», ha denunciado la diputada, que ha preguntado cómo una empresa que había extraído agua de forma ilegal pudo conseguir una nueva autorización en tan poco tiempo mientras, según ha señalado, hay particulares que esperan incluso años para obtenerla.
Marquès también ha puesto en duda el encaje de la autorización en la normativa al señalar que el pozo se encuentra a 325 metros del mar. La diputada ha hecho referencia al artículo 123.2 del Plan Hidrológico de las Illes Balears, que, según ha explicado, impide en Menorca autorizar extracciones a menos de 500 metros de la costa cuando se trata de masas de agua con conexión hidráulica con el mar, debido al riesgo de intrusión marina.
Según sostiene la socialista, esta circunstancia se da en el caso de Llucalari y «no hay ninguna excepción que justifique esta autorización». También ha cuestionado que pueda ampararse en su carácter temporal y ha citado el artículo 77 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que, de acuerdo con su interpretación, establece que estas autorizaciones deben ser compatibles con el Plan Hidrológico y no pueden comportar un derecho de uso privativo.
La diputada ha enmarcado sus críticas en la situación de los recursos hídricos de Menorca. Marquès ha recordado que el acuífero de Migjorn, que abastece a buena parte de los municipios de la isla, se encuentra en situación de sobreexplotación y ha señalado que localidades como Alaior están adoptando medidas para reducir el consumo de agua, también en los pozos particulares.
Para Marquès, la autorización del pozo de Llucalari refleja una contradicción en la política hídrica del Govern del PP al exigir esfuerzos para reducir el consumo mientras, a su juicio, concede a determinados intereses privados autorizaciones cuyo encaje normativo genera dudas.
«Esto no es proteger nuestros acuíferos. Es priorizar los intereses de algunos privados por encima del interés general», ha concluido la diputada socialista.