Una sesión informativa organizada por el Consell Insular de Menorca en Maó sobre el proceso de regularización reunió a 350 personas. Así lo explicó el técnico de Inmigración de la administración insular, Marcos Puig, durante la rueda de prensa celebrada el 16 de abril en el Consell Insular.
La sesión celebrada en Maó no será la única. Puig explicó que el departamento está organizando nuevos encuentros informativos públicos para informar sobre el proceso ante el “previsible colapso del servicio”. Según detalló, las próximas sesiones serán el 24 de abril para técnicos y, para usuarios, el 28 de abril en Maó y el 30 de abril en Ciutadella.
En esa misma comparecencia, el director insular de Atención Social, Daniel García del Mar, cuestionó la forma en que se ha puesto en marcha el proceso y sostuvo que debería haberse implantado con garantías técnicas y jurídicas, medios materiales y humanos suficientes y consenso con las comunidades autónomas y los entes locales.
Añadió además que, tanto en el primer borrador como en el texto definitivo aprobado en el BOE, el Consejo de Estado y las autoridades europeas han mostrado sus “serias reservas” por la flexibilidad de los requisitos previstos y por el impacto de la medida en España, en el conjunto de la Unión Europea y en el espacio Schengen.
El director insular añadió que, a su juicio, el actual proceso de regularización “no sirve para dar solución a las principales causas y consecuencias de la crisis migratoria” en Europa. También advirtió de que la medida se ha tramitado “de forma precipitada” y sin el consenso jurídico, social y político necesario, y señaló que no se han reforzado ni los servicios de extranjería ni los recursos materiales y humanos para su implantación.
En este sentido, afirmó que esa falta de planificación puede traducirse en una mayor saturación de servicios públicos que ya están tensionados y apuntó también a la presión que, en su opinión, puede recaer sobre los servicios sociales, sin dotación presupuestaria prevista para atender nuevas solicitudes o prestaciones derivadas del proceso.
Por su parte, la consellera de Bienestar Social, Carmen Reynés, reiteró la necesidad de una inmigración “ordenada”, “legal” y “con garantías”. Reynés subrayó que el departamento no se sitúa en contra de la inmigración ni de las personas extranjeras, pero defendió que los procesos deben estar bien regulados, organizados y acompañados de controles y mecanismos de verificación.
La consellera añadió que su departamento apuesta por una política migratoria “basada en la responsabilidad y la planificación”, que compatibilice la solidaridad con el control. En su intervención, defendió además un modelo que combine derechos y obligaciones dentro de un marco legal y ordenado.