Las cuatro entidades que impulsan la campaña “Recuperem el port de Maó” se han reunido esta semana con el alcalde de Maó para trasladarle una batería de propuestas con las que piden al Ayuntamiento un papel activo en la defensa de los intereses públicos, ambientales y patrimoniales del espacio portuario. En el encuentro también participó un representante de la Autoridad Portuaria en Maó.
Las peticiones han sido trabajadas conjuntamente por Casetes de Vorera, Amics de la Mar–Port Maó, Amarraments Públics Es Jonquet y GOB Menorca. Aunque la competencia directa sobre el puerto no corresponde al Ayuntamiento, los colectivos consideran que el consistorio tiene legitimidad política e institucional para representar los intereses de la ciudadanía e influir en el modelo de gestión de la rada.
Entre las principales propuestas figura la revisión del catálogo municipal de bienes patrimoniales para identificar e inventariar con mayor precisión los elementos históricos y arquitectónicos presentes en el puerto, incorporarlos al catálogo de protección y facilitar usos compatibles con su conservación, incluida la cesión de espacios a entidades no lucrativas. Las entidades sostienen que esta medida es necesaria para frenar la degradación o desaparición de enclaves vinculados a la identidad histórica del puerto.
La campaña también reclama apoyo municipal para proteger distintas zonas de interés natural situadas en el término de Maó, entre ellas Cala des Grecs, Cala Teulera, Cala de Sant Jordi, Cala Lladró, Cala Rata, los islotes del Rei, Plana y Llatzeret, la desembocadura del torrent de Sant Joan y Cala Figuera. Según los colectivos, algunas de estas áreas ya han sido estudiadas desde el punto de vista científico y albergan especies protegidas, mientras que otras presentan un alto potencial ecológico. En este punto, piden al Ayuntamiento una declaración formal de apoyo a la conservación de los valores ambientales del puerto y a la creación de una red de microreservas marinas.
Otro de los ejes planteados es la defensa de la náutica social. Las entidades proponen que el Ayuntamiento defienda ante la Autoridad Portuaria un modelo de amarres que mantenga la gestión directa de los existentes, evite nuevas privatizaciones y preserve tarifas accesibles para la población local. También reclaman que en las concesiones, tanto nuevas como en revisión, se garantice un mínimo del 20% de amarres para náutica social y un 5% para náutica tradicional.
En su documento, los impulsores de la campaña cuestionan además la actual zonificación del puerto, al considerar que tratar todo el recinto como zona intensiva no se ajusta a la realidad de un puerto natural con valores ambientales, históricos y culturales diferenciados. Según las entidades, este modelo ha favorecido una “colonización progresiva” de espacios destinados a la náutica recreativa mediante concesiones privadas “al mejor postor”, con la consiguiente pérdida de patrimonio natural y cultural y una reducción de amarres accesibles para pequeñas embarcaciones locales. Por ello, reclaman revisar esa ordenación para reconocer y preservar las zonas de valor natural y cultural, reservar más espacio a embarcaciones de pequeña eslora o de interés patrimonial y fomentar actividades de convivencia entre la población residente y el puerto.
La batería de propuestas incluye también la reforma integral del colector unitario de aguas residuales. Según las entidades, la infraestructura está “obsoleta” y provoca un doble problema: vertidos periódicos contaminantes en la bahía y la entrada de agua de mar durante las pleamares, lo que dificulta el aprovechamiento posterior del agua una vez depurada.