La Plataforma Menorca por una Vivienda Digna ha alzado la voz este viernes contra la derogación del escudo social y el fin de la moratoria de desahucios, una decisión política que, según denuncian, deja a miles de familias vulnerables expuestas a perder su hogar.
Desde la plataforma recuerdan que entidades sociales estiman que la moratoria ha mantenido paralizados cerca de 60.000 desahucios en toda España, procedimientos judiciales que se habían frenado gracias a las medidas de protección social. A esta cifra se suman los llamados “desahucios invisibles”, provocados por la finalización de contratos de alquiler y la imposibilidad de asumir las subidas de precios impuestas en las renovaciones.
“Esto no es un error técnico ni una distracción, es una decisión política consciente”, han afirmado. En este sentido, señalan directamente a PP, Vox y Junts como los partidos que han impedido la prórroga de estas medidas, priorizando —según denuncian— los intereses económicos frente al derecho a una vivienda digna.
Una emergencia social en Baleares y Menorca
La situación, advierten, es especialmente grave en las Islas Baleares y, de forma muy acusada, en Menorca, donde el problema del acceso a la vivienda ya se ha convertido en una emergencia social. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias obligadas a abandonar su municipio y pensionistas que viven con la incertidumbre constante de no saber si podrán seguir viviendo en su casa son ya una realidad cotidiana en la isla.
Mientras los precios del alquiler siguen subiendo y los contratos llegan a su fin, las organizaciones sociales denuncian que las administraciones están desmontando las pocas protecciones existentes y permitiendo que la vivienda siga tratándose como un negocio especulativo.
“La vivienda es un derecho, no un negocio. Vivir en Menorca no puede convertirse en un lujo reservado a quien pueda pagar precios imposibles”, han subrayado desde la plataforma.
Medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda
Ante este escenario, la Plataforma Menorca por una Vivienda Digna defiende una batería de medidas concretas para frenar la expulsión de residentes y garantizar condiciones de vida dignas:
- Contratos de alquiler indefinidos, para acabar con la inseguridad residencial.
- Rebaja real de los alquileres en zonas tensionadas, basada en criterios justos y no especulativos.
- Declaración de Baleares como zona tensionada, condición necesaria para aplicar controles de precios.
- Ampliación del parque de vivienda pública, imprescindible para ofrecer alternativas reales a la clase trabajadora.
- Prohibición de la compra de viviendas por parte de no residentes, para frenar la especulación.
- Límites al alquiler turístico, señalado como una de las principales causas de expulsión de vecinos y vecinas.
- Bonos sociales de luz y agua, para garantizar suministros básicos a las familias más vulnerables.
Desde la plataforma insisten en que estas propuestas “no son radicales”, y califican de radical “dejar a la gente sin casa y desmontar el escudo social”.
La movilización concluye con un mensaje claro: defender el derecho a la vivienda es defender una vida digna, y Menorca no está dispuesta a resignarse a convertirse en un territorio inaccesible para quienes la habitan.