La UGT Illes Balears ha denunciado que la gestión de GSAIB y la puesta en marcha de la nueva flota de ambulancias del IB-Salut lleva “más de tres meses” poniendo en riesgo grave a trabajadores, pacientes y usuarios de la vía pública por presuntos incumplimientos de normativa vinculados al peso de los vehículos, la ocupación y los permisos de conducción.
En paralelo, UGT vincula la situación con una pérdida de capacidad del servicio. En ese contexto, afirma que se han registrado demoras para traslados tras el alta hospitalaria, con esperas de hasta 30 horas en Mallorca o 14 horas en Eivissa o Menorca, además de “cientos y cientos” de cancelaciones de servicios programados, como rehabilitación o consultas.
El sindicato sostiene que, durante ese periodo, se han prestado servicios con vehículos cuyo peso real, en función de la carga y de las personas a bordo, superaría el umbral de los 3.500 kilos, pese a ser conducidos por personal con carnet B. UGT añade que la empresa y el Servei de Salut habrían defendido que los vehículos ya modificados quedaban por debajo de ese límite y que podían circular y operar con una ocupación de hasta seis plazas, algo que el sindicato niega tras revisar la documentación.
En su explicación, UGT sitúa el origen del problema en la adquisición de la nueva flota, que cifra en 56 millones de euros, y en una falta de previsión sobre los permisos necesarios. Según su versión, “la mayoría” de los vehículos del transporte sanitario no urgente superaban inicialmente los 3.500 kilos, lo que habría requerido un permiso de conducción superior al B para una parte importante de los trabajadores.
Para intentar corregir ese “error de planificación”, UGT asegura que el Servei de Salut optó por modificar las unidades para rebajar peso, retirando equipamiento y mejoras técnicas que el sindicato considera esenciales, como rampas de acceso para sillas de ruedas o camillas. La organización afirma que, tras esas modificaciones, los vehículos han quedado reducidos a unidades con plazas limitadas y sin prestaciones propias de ambulancia, y los califica como “furgotaxi”, al considerar que solo se diferencian de una furgoneta por la rotulación exterior.
UGT también denuncia que se han impartido instrucciones de servicio que no se ajustan a la ficha técnica. Según el sindicato, se han dado órdenes para trasladar a cuatro pacientes además de dos técnicos, mientras la documentación del vehículo autorizaría un máximo de cuatro plazas en total, incluidos los dos profesionales.
En este punto, el sindicato aporta cálculos de peso para sostener su argumento. Afirma que, tras las modificaciones, los vehículos pesan 3.190 kilos sin ocupantes y que la norma atribuye 75 kilos por persona. Con dos técnicos y dos pacientes, UGT sitúa el conjunto en 3.490 kilos, por debajo de los 3.500. Sin embargo, asegura que, con la ocupación de seis plazas indicada en las órdenes de servicio, el peso ascendería a 3.640 kilos, por encima del límite.
El responsable del Transporte Sanitario de UGT Illes Balears, Javier Marin, sostiene que la situación “va más allá” de una compra fallida o de una falta de ambulancias y denuncia que “se ha ocultado la documentación” y que “se han dado órdenes” para realizar servicios “a sabiendas” de que se superaban los pesos máximos y de que los trabajadores no podían conducir esos vehículos “durante tres meses seguidos”.
El sindicato añade que ha comunicado a la empresa que los trabajadores limitarán los traslados a la ocupación máxima que figure en la ficha técnica del vehículo, aunque se envíen instrucciones en sentido contrario, y exige explicaciones y depuración de responsabilidades en GSAIB, en el IB-Salut y en la Conselleria de Salut, sin descartar acudir a instancias superiores y judiciales.