La Plataforma per la Llengua ha instado al Govern de les Illes Balears, presidido por Margalida Prohens, a impulsar “de forma urgente” una ley que proteja a los consumidores frente a vulneraciones de sus derechos lingüísticos. Según la entidad, su petición llega después de haberse hecho eco de cinco episodios de discriminación por hablar en catalán en espacios de atención al público.
Cinco casos entre diciembre y febrero: uno en Maó
De acuerdo con lo expuesto por Plataforma per la Llengua, los casos denunciados públicamente se produjeron en establecimientos y servicios de Palma y también en Maó. Entre los ejemplos, la organización menciona lo ocurrido en el Bar del Peix, donde un camarero habría expulsado a un grupo de amigas, y el caso que sitúa en el IKEA de Maó, donde una clienta habría tenido que abandonar el establecimiento tras no ser atendida por hablar en catalán.
Asimismo, la entidad incluye un episodio relacionado con el Banc de Sang de les Illes Balears, donde un médico se habría negado a entrevistar a un donante por dirigirse a él en catalán. También alude a un caso en MediaMarkt, en Palma, en el que a un cliente le habrían negado la atención y, según la denuncia, le habrían tirado los objetos comprados. Por último, menciona otra denuncia en la que una clienta asegura que en el local de comida Pokatas le negaron reiteradamente la atención y que después fue increpada verbalmente en la calle.
Plataforma per la Llengua añade que durante 2025 recibió 89 quejas lingüísticas de usuarios en Baleares, la mayoría vinculadas a vulneraciones de derechos de catalanohablantes en comercios y puntos de atención al público.
“Huérfanos” de una norma específica
La entidad sostiene que estos episodios evidencian la falta de una ley que garantice de forma clara el derecho a ser atendido en catalán. Añade que, aunque en el Banc de Sang “rectificaron y se disculparon”, el marco actual no ofrecería una protección suficiente ni un recorrido sancionador efectivo en casos similares.
En ese sentido, recuerda que la Ley de normalización lingüística de 1986 reconoce el derecho a expresarse libremente en catalán, de forma oral o escrita, en ámbitos públicos o privados, y establece que nadie puede ser discriminado por razón de la lengua oficial utilizada.
La organización señala que en 2023 se archivó el Anteproyecto de Ley de Protección de los Consumidores, que incluía un capítulo dedicado a derechos lingüísticos, y sostiene que desde entonces no se ha retomado el debate. También menciona el caso del profesor jubilado Gabriel Bibiloni, quien denunció una discriminación en Leroy Merlin de Palma y criticó que, tras acudir a Consumo, no se preverían sanciones legales: “Los consumidores baleares estamos totalmente desprotegidos en nuestros derechos y sometidos a los abusos de las empresas”.
Plataforma per la Llengua defiende que fijar derechos lingüísticos de los consumidores es constitucional y cita sentencias del Tribunal Constitucional, 147/1996 y 88/2017, para sostener que las comunidades autónomas pueden regular cuestiones como el etiquetado y la entrega de documentación e información sobre bienes y servicios en lenguas cooficiales.
La entidad también recuerda que la Ley de comercio de 2001, derogada posteriormente por el gobierno de José Ramón Bauzà, contemplaba el derecho a ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales y a no sufrir discriminación por la lengua empleada.
Petición de un “compromiso firme”
La entidad dice ver “con preocupación” declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Parlament de les Illes Balears, Sebastià Sagreras, quien habría calificado los casos como “casos particulares que no afectan a una casuística general” y habría afirmado que “no somos nadie” para decir a la gente cómo debe expresarse ni para contrastar la veracidad de los episodios.
Asimismo, la entidad menciona unas declaraciones de Prohens en el pleno del 17 de febrero, en las que afirmó que “todo el mundo es libre de expresarse en la lengua que quiera” y que “el bilingüismo se vive con normalidad”. A partir de estas posiciones, Plataforma per la Llengua reclama a la presidenta un “compromiso firme” de rechazo a las discriminaciones lingüísticas hacia catalanohablantes y pide retomar el debate parlamentario para “poner remedio” a esta situación.