El presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha participado este jueves, 23 de abril, en una reunión celebrada en el Consolat de Mar junto a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; y el resto de presidentes insulares para abordar la situación del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en Baleares.
Durante el encuentro, las instituciones insulares y el Ejecutivo autonómico han trasladado a la ministra la situación de tensión que atraviesa el sistema de protección de menores. En este contexto, han planteado tres demandas claras: la retirada del último decreto estatal de reparto de menores, la declaración de la contingencia migratoria en Baleares y un aumento de los recursos económicos y materiales.
En el caso de Menorca, Vilafranca ha explicado que, aunque la presión es menor que en otras islas, la situación es “frágil” y puede cambiar de forma repentina. Actualmente, la isla cuenta con 61 menores tutelados, de los cuales 31 están en acogimiento residencial y 30 en acogimiento familiar, con un sistema que ya alcanza el 129% de su capacidad.
El presidente ha destacado que Menorca no dispone de plazas específicas para menores migrantes no acompañados, lo que incrementa la presión sobre los recursos existentes. De hecho, el centro residencial llegó a alcanzar una ocupación del 176%, obligando a habilitar un segundo recurso para poder separar a los menores por edades y perfiles y garantizar una atención adecuada.
“El sistema de acogida debe garantizar una atención digna, flexible y personalizada. No puede ser que se tomen decisiones unilaterales en cuestiones tan sensibles”, ha afirmado Vilafranca, quien también ha reclamado una política migratoria “seria y coordinada”, así como más medios para el control de fronteras, el refuerzo de los cuerpos de seguridad y actuaciones en los países de origen.
El presidente ha querido subrayar además la dimensión humana de la crisis, recordando el reciente rescate de una patera a 35 millas de Menorca con menores en un estado físico muy delicado tras 15 días de travesía en condiciones extremas.
Asimismo, ha alertado de nuevas formas de inmigración irregular detectadas en la isla, como la llegada de menores en avión acompañados por adultos que posteriormente los abandonan para que queden bajo tutela de los servicios sociales.
Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado a la ministra la “situación límite” que vive el sistema de protección de menores en Baleares. En los últimos cinco años han llegado más de 20.000 migrantes en patera a las islas, 7.000 de ellos en 2025 y 1.400 en lo que va de 2026, lo que supone un incremento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior.
Actualmente, Baleares acoge a 733 menores migrantes no acompañados, lo que representa cerca de dos tercios del total de menores tutelados. Esta cifra supera en 240 plazas la capacidad ordinaria asignada por el Estado, con niveles de sobreocupación que en algunos recursos específicos alcanzan el 1.000%.
Prohens ha insistido en que “no es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad”, y ha advertido de que el sistema “lleva tiempo desbordado”, sin poder garantizar una atención en condiciones dignas. También ha señalado que la falta de recursos no es solo económica, sino también de infraestructuras y personal.
Ante esta situación, el Govern y los consells insulares han solicitado formalmente tres medidas: la retirada del decreto que amplía la capacidad de acogida en Baleares de 406 a 434 plazas, la declaración de la contingencia migratoria preventiva para frenar el reparto de menores y un mayor apoyo económico por parte del Gobierno de España.
En materia de financiación, Prohens ha considerado “claramente insuficientes” los 7,8 millones de euros transferidos por el Estado. Como ejemplo, ha recordado que el Consell de Formentera recibió el año pasado 4 millones adicionales del Govern para sostener sus servicios sociales.
Durante la reunión, la ministra ha defendido el actual modelo de reparto de menores entre comunidades autónomas, aunque desde Baleares se ha reclamado su revisión al considerar que no tiene en cuenta la capacidad real de acogida.
Por otro lado, Prohens ha planteado la necesidad de reformar la Ley de Protección de la Infancia para ampliar los delitos que impiden trabajar con menores, incluyendo el acoso. El Parlament balear impulsa ya una modificación normativa para su tramitación en el Congreso.
La presidenta ha explicado que actualmente existe un vacío legal que permite ejercer como docente a personas condenadas por acoso a menores si no existe una inhabilitación expresa, una situación que, según ha señalado, limita la capacidad del Govern para garantizar la seguridad de los menores.
Finalmente, Prohens ha asegurado que tanto el Govern como los consells insulares utilizarán “todas las vías legales disponibles” para defender los intereses de la ciudadanía y ha instado al Gobierno de España a “reconsiderar sus políticas y adoptar soluciones ajustadas a la realidad de las islas”.