El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, deberá dar explicaciones ante el Ple del Parlament este martes sobre el estado de las inversiones y obras en los centros educativos de Menorca. Esta comparecencia surge tras la solicitud formal registrada por Joana Gomila, en representación de Més per Menorca, para verificar el grado de cumplimiento de la PNL relativa al Plan de Infraestructuras Educativas.
La petición de comparecencia se fundamenta en el artículo 184.3 del Reglamento del Parlament, al haber transcurrido ya el plazo previsto para ejecutar los acuerdos adoptados por la Comisión de Educación el 6 de marzo de 2025.
Los cuatro puntos clave del conflicto
El conseller deberá rendir cuentas específicamente sobre cuatro compromisos que afectan directamente a la comunidad educativa menorquina:
- Obras en municipios sin convenio: Se insta al Govern a ejecutar las reformas en centros públicos de municipios donde aún no se han firmado convenios de colaboración entre ayuntamientos y Conselleria.
- Inclusión de siete colegios de Maó y Ciutadella: La resolución aprobada exigía incluir en el Plan de Infraestructuras las obras de los CEIP Pintor Torrent y Margalida Florit (Ciutadella), así como de los centros Antoni Juan, M. Lluïsa Serra, Mateu Fontirroig, Sa Graduada y Tramuntana (Maó), independientemente de la firma de convenios.
- Especificación de las actuaciones: El Parlament requiere detalles técnicos sobre qué reformas integrales, ampliaciones o nuevas construcciones se realizarán y con qué objetivos concretos, como la reducción de aulas modulares o la absorción de la demanda.
- Mejoras urgentes en centros obsoletos: Se exige que se lleven a cabo reparaciones inmediatas en infraestructuras degradadas, citando específicamente centros como el IES Pasqual Calbó, el CEIP Pere Casasnovas, el Borja Moll, Magdalena Humbert, la Escola d'Art y varios centros de Maó y Ciutadella (Mare de Déu del Toro, del Carme y de Gràcia).
Con esta comparecencia, el grupo parlamentario busca que el ejecutivo autonómico aclare si estas inversiones están garantizadas o si, por el contrario, los proyectos han quedado estancados a pesar del mandato parlamentario.