El Consell Insular de Menorca ha vuelto a exigir a la empresa concesionaria del servicio público de inspección técnica de vehículos en la isla, Tüv Rheinland Certio, SLU, la adopción de medidas “concretas e inmediatas” para normalizar el servicio, reducir las listas de espera y corregir la situación actual de vehículos con la ITV caducada.
Según informó el departamento de Movilidad, el segundo requerimiento formal se remitió el miércoles 25 de febrero, después de que el 19 de febrero de 2026 la institución ya instara a la concesionaria a aplicar medidas correctoras para garantizar la atención programada mediante el sistema de cita previa en un plazo máximo de siete días naturales, tal como establece el contrato de concesión.
Una vez analizada la respuesta presentada por la empresa el 24 de febrero, los servicios técnicos del Consell han constatado que la documentación aportada no incorpora medidas adicionales ni garantiza el cumplimiento del objetivo fijado: recuperar la normalidad del servicio en un plazo aproximado de un mes y medio.
Ante esta situación, el Consell ha requerido nuevamente a la concesionaria que, en un plazo máximo de dos días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, presente un plan detallado que concrete, justifique y calendarice las actuaciones previstas para lograr la normalización del servicio. En ese plan deberá incluirse información precisa sobre el número de vehículos que actualmente tienen la ITV caducada, los que la tendrán próximamente, el volumen de inspecciones diarias previstas, el número de inspectores operativos y la actualización permanente de las listas de espera.
Además, el requerimiento contempla la implantación de un sistema de información que permita al departamento de Movilidad realizar un seguimiento diario del cumplimiento de los objetivos establecidos. El Consell recuerda que, si transcurrido el plazo de un mes y medio fijado en el primer requerimiento persiste el incumplimiento de las obligaciones contractuales, se iniciarán los trámites para imponer multas coercitivas previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, que podrán llegar a 3.000 euros diarios hasta la normalización efectiva del servicio.