El sindicato ACAIP-UGT ha advertido de la situación “crítica” que atraviesa el Centro Penitenciario de Menorca, que, según denuncia, se encuentra “al borde del colapso” por la falta de personal, las dificultades para cubrir plazas en la isla y la ausencia de medidas compensatorias suficientes para los empleados públicos estatales destinados en Menorca.
La organización sindical asegura que la plantilla está sosteniendo el servicio en condiciones “inasumibles”, con una cobertura real de apenas el 52%. Según los datos aportados por ACAIP-UGT, de un total de 128 plazas entre personal laboral y funcionarios, solo 67 trabajadores están actualmente sacando adelante el funcionamiento diario del centro.
El sindicato detalla que la Relación de Puestos de Trabajo presenta importantes vacantes. En el caso del personal laboral, de 10 plazas existentes, siete están sin cubrir, lo que supone una cobertura del 30%. En cuanto a los funcionarios de carrera, ACAIP-UGT señala que el centro ya arrastraba un déficit estructural de 11 plazas vacantes desde el pasado año, al que ahora se suma el resultado del último concurso de traslados: 35 profesionales se han marchado y solo se incorporarán siete.
La organización advierte de que hasta el mes de julio, cuando se prevé la incorporación de los funcionarios que acceden a carrera, las oficinas se encuentran en una situación de “extrema fragilidad”, con cargas de trabajo que considera imposibles de asumir y sin el personal formado necesario para garantizar el funcionamiento administrativo.
Tratamiento, sanidad y dirección, áreas especialmente afectadas
ACAIP-UGT sostiene que la falta de efectivos compromete también funciones esenciales del sistema penitenciario, especialmente las vinculadas a la reeducación y reinserción social de los internos.
El sindicato denuncia que la Subdirección de Tratamiento lleva un año desierta, una plaza de libre designación que, según afirma, nadie quiere ocupar por la falta de compensación económica suficiente. Esta ausencia, señalan, afecta a la coordinación de equipos técnicos, educadores, trabajadores sociales, juristas y psicólogos, así como a la supervisión de los Trabajos en Beneficio de la Comunidad y a la relación con entidades colaboradoras y voluntariado.
La situación directiva también es descrita como “inviable”. Según ACAIP-UGT, actualmente solo hay un mando en funciones cuando deberían existir cuatro, y se necesitan al menos dos para poder firmar facturas, nóminas y documentación relevante. El sindicato advierte de que una sola persona no puede asumir todas las áreas del centro, desde Dirección y Régimen hasta Seguridad, Tratamiento, Administración y Sanidad.
En el ámbito sanitario, la organización afirma que faltan un jefe de Servicios Médicos, un médico, un enfermero y dos ATS, lo que agrava aún más la situación del establecimiento penitenciario.
Plus de insularidad y plazas de difícil cobertura
ACAIP-UGT sitúa el problema de fondo en las condiciones de vida en Menorca, marcadas por el elevado coste de la vivienda, la cesta de la compra y las conexiones aéreas. La organización considera que el actual plus de insularidad no compensa el sobrecoste que supone trabajar y residir en la isla.
El sindicato denuncia además una “doble discriminación” respecto a otros empleados públicos. Por un lado, frente a funcionarios estatales destinados en otras zonas; por otro, frente a empleados autonómicos que, según ACAIP-UGT, sí cuentan con un complemento de insularidad adecuado y con la declaración de sus plazas como de difícil cobertura, lo que les permite acceder a determinados beneficios fiscales.
La organización recuerda que el Gobierno se comprometió por escrito el pasado mes de noviembre a revisar al alza los complementos de insularidad, pero asegura que desde entonces no se ha convocado ninguna reunión para abordar esta cuestión. En este sentido, ha denunciado que los compromisos asumidos por el Gobierno se han convertido en “papel mojado”.
Tres medidas para evitar el colapso
Para revertir la situación, ACAIP-UGT reclama tres medidas urgentes. En primer lugar, la actualización inmediata del plus de insularidad, equiparándolo al que perciben los funcionarios autonómicos y recurriendo, si fuera necesario, al fondo de contingencia del Estado.
En segundo lugar, la declaración de todos los puestos de la RPT del Centro Penitenciario de Menorca como plazas de difícil cobertura.
Y, en tercer lugar, la aplicación de medidas reales de conciliación, como el teletrabajo en oficinas y el turno de “dos y medio”, basado en la acumulación de jornadas, tal y como ya se aplica en otros centros.
El sindicato concluye que la plantilla está “física y mentalmente agotada” y que el mantenimiento del servicio en estas condiciones supone un riesgo para los trabajadores, para los internos y para el conjunto de la sociedad menorquina.
“Nos negamos a seguir siendo funcionarios de segunda”, afirma ACAIP-UGT, que exige al Estado pasar “de la inacción a los hechos” para frenar la salida de profesionales y garantizar que quienes sostienen los servicios públicos en la isla puedan vivir en ella en condiciones de igualdad.