GOB Menorca, GOB Mallorca y GEN-GOB han advertido de que el encarecimiento del transporte discrecional está dificultando cada vez más que los centros educativos puedan organizar salidas escolares, una situación que, según denuncian, compromete el derecho del alumnado a desarrollar actividades fuera del aula en igualdad de oportunidades.
Las entidades ecologistas sostienen que estas actividades no pueden considerarse complementarias ni opcionales, ya que forman parte del desarrollo del currículo educativo y, en muchos casos, representan la única ocasión que tienen algunos niños y jóvenes de conocer su entorno natural.
Según trasladan numerosos centros, el precio del autobús se ha disparado hasta el punto de duplicar e incluso triplicar el coste de la propia actividad, lo que ha provocado una reducción significativa de las salidas en los últimos años y, en algunos casos, su supresión.
El problema, añaden, se intensifica entre abril y septiembre, cuando la alta demanda turística sitúa al sector por delante de las necesidades educativas. En este contexto, aseguran que ha habido grupos escolares que han sido trasladados hasta el lugar de la actividad sin disponer después de autobús de regreso, además de centros que se han visto obligados a cancelar propuestas por falta de vehículos. También señalan que, con frecuencia, son las propias empresas las que fijan los horarios para concentrar el mayor número posible de servicios en una sola jornada, lo que reduce el tiempo previsto para la actividad y repercute en su calidad.
Desde las áreas de educación ambiental del GOB recuerdan que desde hace años ofrecen un programa de actividades para descubrir el entorno próximo y que, siempre que pueden, animan a los centros a desplazarse a pie o en transporte público. No obstante, subrayan que hay colegios e institutos que, por su ubicación, dependen del transporte privado para realizar salidas y que todavía existen zonas a las que solo se puede acceder de ese modo.
Ante esta situación, las entidades reclaman a las administraciones medidas urgentes y de carácter estructural, entre ellas una tarifa educativa regulada para el transporte escolar no obligatorio, una cuota mínima de autocares para centros educativos, un calendario que garantice disponibilidad en temporada alta, ayudas públicas para compensar el sobrecoste, mecanismos de contratación centralizada y una mejora del transporte público para convertirlo en una alternativa real en rutas de interés pedagógico.
Las organizaciones también plantean la necesidad de avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, con más peso de las salidas de proximidad y una mayor integración del transporte público en las actividades educativas. Además, consideran necesario implicar al conjunto de la comunidad educativa para reforzar la demanda ante las administraciones. Por ello, han solicitado una reunión urgente con las instituciones competentes y han pedido que estas medidas se apliquen antes del próximo curso escolar.
Además, las entidades promotoras han impulsado una petición a la que ya se han adherido los siguientes centros y colectivos educativos de Menorca:
- ADIPME (Asociación de Directores de Infantil y Primaria de Menorca)
- ADESME (Asociación de Directoras y Directores de Secundaria de Menorca)
- FAMPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Menorca)
- EI Joguina de Ciutadella
- AFA del CEIP Sa Garriga (Sant Lluís)
- CEIP Fornells
- APIMA de EI Joguina (Ciutadella)
- AFA del CEIP Mestre Duran (Alaior)
- AFA del CEIP Mare de Déu del Toro (Ciutadella)
- APIMA Mare de Déu de Gràcia (Maó)
- CEIP Inspector Doctor Comas Camps (Alaior)
- AFA del IES J. M. Quadrado (Ciutadella)
- AFA del CEIP Joan Benejam (Ciutadella)
- CC Sant Francesc d’Assís (Ferreries)
- Escoleta Infantil Fort de l’Eau (Maó)
- AFA del CEIP Castell de Santa Àgueda (Ferreries)
- IES Cap de Llevant (Maó)
- CEIP Francesc d’Albranca (Migjorn Gran)
- AFA de Tramuntana (Maó)
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