El proyecto de la nueva comisaría de la Policía Nacional en Maó empieza a tomar forma. Las obras, que esta semana entran en fase de cimentación, han sido visitadas este lunes por el delegado del Gobierno en Illes Balears, Alfonso Rodríguez Badal; el alcalde de Maó, Héctor Pons; y la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, Sofía Hernanz.
La visita ha servido también para celebrar el acto simbólico de colocación de la primera piedra de un edificio que contará con una inversión prevista de 13 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La nueva comisaría se construirá en un solar cedido por el Ayuntamiento de Maó y sustituirá a las actuales dependencias policiales, con el objetivo de mejorar tanto las condiciones de trabajo de la plantilla como la atención a la ciudadanía.
Al acto han asistido también el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca; la inspectora jefa de la Comisaría de la Policía Nacional de Maó, Diana Olmo; y la directora insular de la AGE en Menorca, Clara Mayans.
El futuro edificio estará adaptado a personas con movilidad reducida y contará con espacios específicos para la atención a víctimas, además de tecnología de última generación para reforzar las tareas de investigación, prevención y gestión policial. El proyecto incorpora también criterios de sostenibilidad y aspira a obtener la certificación de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo, de acuerdo con los estándares del Green Building Council España.
Durante la visita, Rodríguez Badal ha defendido la importancia de gestionar los recursos públicos con criterios de servicio a la ciudadanía. “Quienes tomamos decisiones al frente de las administraciones tenemos la responsabilidad de gestionar bien los recursos, según criterios de servicio público y no por intereses políticos o personales”, ha señalado.
Por su parte, el alcalde de Maó, Héctor Pons, ha agradecido la cooperación entre administraciones para sacar adelante un equipamiento que considera necesario para la ciudad. También ha reconocido el trabajo de los anteriores alcaldes, que impulsaron la cesión de la parcela y contribuyeron a planificar un modelo urbano con nuevos equipamientos. Pons ha apuntado, además, la necesidad de definir qué uso tendrá el edificio que quedará libre cuando la Policía Nacional se traslade a la nueva sede.
La actuación forma parte del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, dependiente del Ministerio del Interior. En su segunda fase, aprobada el pasado mes de marzo por el Consejo de Ministros, el plan incluye también la construcción de nuevos inmuebles residenciales para la Policía Nacional en Eivissa y para la Guardia Civil en Santa Gertrudis.
Estos dos proyectos cuentan con una inversión prevista de 16,5 millones de euros cada uno, hasta sumar 33 millones en esta nueva fase de actuaciones.