El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado formalmente la solicitud de comparecencia del director general de Ports de les Illes Balears (PortsIB), Antoni Mercant, ante la comisión correspondiente del Parlament balear. El PSIB-PSOE exige que el máximo responsable de la gestión ordinaria del ente público ofrezca explicaciones sobre las decisiones adoptadas en los campos de boyas ecológicas de Fornells y la Illa d'en Colom, tras la querella interpuesta por la Fiscalía contra varios altos cargos del organismo.
El diputado socialista Marc Pons ha calificado los hechos de gravedad suficiente como para que el Parlament ejerza su labor de control y determine con qué respaldo jurídico se tomaron dichas decisiones. Pons ha recordado que la responsabilidad política última recae sobre el conseller del Mar y del Ciclo del Agua y presidente de PortsIB, Juan Manuel Lafuente, mientras que Mercant es la persona al frente del día a día del ente y una de las figuras incluidas en la acción penal del Ministerio Fiscal.
Una gestión bajo sospecha en varios puertos
Para el PSOE, esta petición no se limita de forma aislada a la querella por los fondeos de Fornells y la Illa d'en Colom, sino que responde a una dinámica de gestión en PortsIB que acumula múltiples expedientes polémicos a lo largo de la legislatura. Entre ellos, el diputado ha remarcado el archivo del concurso para la gestión del puerto de Cala en Bosc una vez abierto el plazo de ofertas, una medida que a su juicio genera incertidumbre y deja la instalación en una grave provisionalidad.
Asimismo, la formación socialista ha criticado la decisión del Govern de prolongar por vía legislativa las concesiones de varios puertos de gestión privada, señalando explícitamente el Port d’Addaia. Según el PSIB, esta maniobra supondrá notables beneficios económicos para los concesionarios en perjuicio de las propias arcas públicas de PortsIB. A este escenario se suma la situación del varadero del puerto de Ciutadella, donde persisten las dudas sobre el cumplimiento de los pliegos, las inversiones comprometidas y la fiscalización del contrato tras la situación concursal de la empresa adjudicataria.
Exigencia de transparencia e interrogantes clave
Marc Pons ha manifestado que lo que pone en entredicho la confianza en el ente autonómico es la reiteración de incidencias en la preparación de concursos, la contratación pública y el seguimiento posterior de las concesiones. En palabras del diputado, cuando los problemas se repiten a lo largo de todo el ciclo administrativo, el fallo deja de ser un expediente concreto para convertirse en un problema del propio modelo de gestión.
Ante esta situación, el Grupo Socialista ha planteado una batería de preguntas para que el director general responda en su comparecencia parlamentaria. El PSIB exige saber cuándo se informó a la dirección de la posible controversia jurídica, quién autorizó el contrato menor y con qué justificación, si existen informes internos favorables, quién decidió la prórroga extraordinaria o si se advirtió en algún momento del riesgo legal antes de contar con la firma del conseller. Por todo ello, los socialistas consideran imprescindible la comparecencia para garantizar el rigor administrativo y devolver la transparencia a la gestión portuaria.