El GOB (Grup构 d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) ha decidido dar un ultimátum administrativo al Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en suelo rústico de Menorca. La organización ecologista mantiene desde hace tiempo un pulso con este organismo público para conocer el estado de varios expedientes por infracciones graves en el campo menorquín donde, según denuncian, los infractores siguen gozando de total impunidad. Ante la constante negativa a facilitarles la información, el GOB prepara un último intento de diálogo antes de emprender la vía judicial.
El foco de la denuncia se centra en el modelo de implantación de piscinas ilegales en los establecimientos de agroturismo. Al ya conocido caso del agroturismo de Torre Vella, la entidad suma ahora otros dos ejemplos de gran envergadura que hasta el momento no habían tenido tanta trascendencia pública: Sant Llorenç de Llucalari y Morvedre Nou.
Los nuevos casos detectados
Las investigaciones del GOB han sacado a la luz dos complejos rurales que han esquivado las restricciones del Plan Territorial Insular (PTI), el cual únicamente permite la construcción de una sola piscina por cada agroturismo:
- Sant Llorenç de Llucalari: Denunciado a principios de 2024, el GOB constató que se empleó la misma estrategia que en Torre Vella, utilizando presuntamente al mismo técnico firmante. El procedimiento consistía en proyectar aljibes para la recogida de aguas pluviales que, posteriormente, se transformaban en piscinas abastecidas con agua de pozo. A finales de 2024, el Consorcio confirmó la existencia de 9 piscinas no contempladas en el proyecto aprobado y abrió un expediente sancionador. Las instalaciones no se pueden legalizar por ser posteriores al PTI, pero continúan en funcionamiento. Al GOB se le denegó el acceso al expediente a mediados de 2025 bajo el argumento de que no eran "parte interesada".
- Morvedre Nou (Ciutadella): El GOB alertó en la primavera de 2023 de importantes movimientos de tierras en este agroturismo. Un año después, el Consorcio confirmó múltiples actuaciones sin título habilitante, entre las que destacan la formación de 13 piscinas individuales, la apertura de 535 metros lineales de nuevos caminos (165 de ellos en suelo protegido) y un nuevo aparcamiento de 1.442 metros cuadrados. Al igual que en el caso anterior, las 13 piscinas no son legalizables, pero se siguen publicitando y explotando comercialmente. El GOB pidió información sobre el estado de la sanción hace seis meses y sigue sin recibir respuesta.
El precedente de Torre Vella y el Defensor del Pueblo
El conflicto de la opacidad urbanística se remonta al caso originario de Torre Vella, donde siete depósitos pluviales terminaron reconvertidos en piscinas. En aquella ocasión, el Ajuntament d'Alaior también denegó el acceso a la información al GOB durante el proceso de legalización, un acto de concesión de licencia que actualmente se dirime en los tribunales por iniciativa del grupo municipal Avançam.
Tras intentar sin éxito la vía penal —desestimada por el juez a la espera de un contencioso-administrativo previo—, los ecologistas recurrieron al Defensor del Pueblo. Esta institución emitió diversos informes y aportó jurisprudencia que avala que una entidad ambiental como el GOB tiene pleno derecho a personarse en expedientes sancionadores de esta índole. Pese a las advertencias del Defensor del Pueblo, el Consorcio insular se ha reafirmado en bloquear el acceso a los expedientes.
Ante este escenario de bloqueo, el GOB ha anunciado que volverá a tramitar formalmente su personación en los expedientes de Llucalari y Morvedre Nou. Advierten de que, si el Consorcio vuelve a denegarles la entrada, activarán de inmediato la vía judicial con el fin de forzar la transparencia en las resoluciones públicas y acabar con la impunidad en el suelo rústico de la isla. Entienden que, tras la nueva solicitud, se abrirá un plazo de tres meses para que se resuelva a su favor...o acudirán a los juzgados.