Menorca se ha situado como la isla de las Baleares con la peor calidad de agua destinada al consumo humano. Según los datos del último informe publicado por la Aliança per l'Aigua, un preocupante 26,1 % de las analíticas realizadas en la isla durante el año 2025 resultaron no aptas, registrando la tasa de incumplimiento de los estándares de salud más alta de todo el archipiélago.
Esta problemática afecta de manera directa a 22.705 vecinos de la isla, repartidos en diez zonas de abastecimiento que pertenecen a los municipios de Maó, Ciutadella y el núcleo de Trebalúger, en Es Castell.
Los puntos negros: nitratos en Maó y sobreexplotación en Ciutadella
El escenario más crítico se concentra en el entorno de Maó, que aglutina siete de las zonas afectadas de forma crónica por altos niveles de nitratos en el agua, una deficiencia sanitaria que se viene repitiendo de manera ininterrumpida desde el año 2016.
Por su parte, la situación en Ciutadella también es grave debido a un exceso combinado de cloruros y nitratos. Este problema es la consecuencia directa de la degradación de su acuífero, el cual se encuentra actualmente sobreexplotado por encima del 104 % de su capacidad de recarga natural.
Población en riesgo y alerta por la Ley Ómnibus
Además de los ciudadanos que ya reciben agua no apta, el informe de la entidad ecologista advierte que otros 4.700 menorquins viven en zonas catalogadas "en riesgo":
- El núcleo urbano de Ciutadella, amenazado por la progresiva salinización del agua.
- Las urbanizaciones de Son Parc (Es Mercadal) y Santo Tomás (Es Migjorn Gran), debido a deficiencias detectadas en los niveles de cloro.
El director de la Aliança per l’Aigua, Joan Calvo, ha alertado de que la situación general del archipiélago —donde los habitantes afectados por agua no apta o en riesgo superan ya los 145.000— corre el riesgo de agravarse notablemente. Calvo apunta a una combinación peligrosa: el estado de los acuíferos, que se encuentran en mínimos históricos, y las facilidades para el crecimiento urbanístico que abre la nueva Ley Ómnibus aprobada en el Parlament, una normativa que la entidad ya ha denunciado públicamente por el peligro que entraña para los recursos hídricos de las islas.