El concepto no es mío. La filósofa política Wendy Brown ha reflexionado recientemente sobre él, pero sí lo he manejado de manera intuitiva en mis artículos publicados aquí: «¿Sobrevivirá la democracia?», «La posverdad», entre otros.
En la sociedad española —y, en general, en la occidental— pensábamos que teníamos asegurada la democracia. Para nosotros era sinónimo de participación en las decisiones de la comunidad. La comunidad era la titular del poder, y el voto introducido en la urna era el acto ritual mediante el cual ese poder se ejercía. La política —el ejercicio del poder y la toma de decisiones por los elegidos de la comunidad— se hacía filosofía, y la ética se convertía en política. Así ha sido a lo largo de la historia.
En Grecia, Aristóteles y Platón se ocuparon de la política como ciencia de la ética, siempre desde una base colectiva. Atenienses y espartanos definieron sus reglas del juego, y legisladores como Solón o Licurgo establecieron los mecanismos concretos de participación.
En Roma, tras el periodo monárquico, se organizó un sistema republicano de origen asambleario: los comicios, primero curiata y después centuriata, estructuras de colectividades de cien personas cada una. Allí se definió el voto de los ciudadanos, los cives, solo varones. La plebe —los no ciudadanos— protagonizó la gran lucha evolutiva por la ciudadanía. A través del Tribuno de la Plebe y, en ocasiones, mediante la violencia, fueron accediendo a la totalidad de los derechos. Más tarde crearon el ius gentium, el derecho internacional que regulaba las relaciones entre Roma y otras potencias. La República romana fue un producto perecedero: tras el cesarismo llegó el Imperio, las rebeliones y lo que ya sabemos.
Después entramos en el «agujero negro» hasta la Ilustración y la Revolución francesa. Y es desde 1789, con luces y sombras a lo largo del siglo XIX, cuando se añade al concepto de democracia una idea nueva: la igualdad. El siglo XX, de nuevo, nos devolvió al agujero negro.
Tras la Segunda Guerra Mundial quedaron fijadas las reglas del juego político: democracia es participación de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, con derecho a voto. Este derecho ya no se define por la ciudadanía, sino por la mayoría de edad, la nacionalidad o la residencia. El Estado fragmenta el poder en tres ámbitos independientes: legislativo, ejecutivo y judicial. La filosofía se transforma en ideología; los ciudadanos pierden capacidad real individual y se agrupan en partidos políticos, que son quienes llevan al poder a sus candidatos. La igualdad del voto se garantiza mediante la independencia, la incomunicabilidad y el control de esos tres poderes: legislar, gobernar y juzgar. Ese ha sido el esquema que nos ha funcionado.
En el siglo XX también funcionó la idea de que, con su voto al texto básico de organización del Estado y con su voto en las elecciones, el ciudadano podía traspasar su poder a quien ganara para que, desde la política —desde la ética, al fin—, le gobernase.
Pero la contradicción, como ya he escrito aquí, es que los electos, una vez llegaban al poder, olvidaban sus programas electorales; es decir, su compromiso con el votante. Surge entonces una corrupción —ética, de nuevo— en el ejercicio del poder. Montesquieu lo advirtió con precisión: «Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder». Hoy, ese freno se ha debilitado hasta casi desaparecer. Montesquieu, padre de la división de poderes, es asesinado por un Bruto cualquiera.
La historia nos muestra que el concepto de democracia, definido ahora en positivo, adopta formas distintas en su ejercicio, pero su esencia es ética, igualitaria e independiente.
En el siglo XXI, en este mundo en su límite, y en estas crónicas desde la frontera, debemos ser conscientes de que a finales del siglo XX o principios del XXI se inició un proceso político revolucionario. La diferencia esencial es que su origen está en el propio poder, poc a poc, sin ser perceptible para el pueblo.
El proceso de «desdemocratización», en términos de Wendy Brown, es irreversible desde los parámetros esenciales de la democracia que he descrito. Y es fácilmente observable desde este horizonte de frontera en el que Menorca se ha visto geopolíticamente situada.
Desde aquí lo vemos con claridad. Un ejemplo de desdemocratización es el lema que la derecha menorquina parece querer utilizar para las próximas elecciones, contaminado por la política de derechas peninsular: el PP, «Es partit de sa gent aquí». Es todo un compendio de la política actual: si no votas PP, eres un excluido de la isla, un foraster, aunque hables catalán, te intereses por el bienestar común, te preocupes por el equilibrio de la isla y quieras gobernar para todos, incluidos los votantes del PP sometidos al yugo de ese eslogan.
También vemos desde aquí no solo la historia, sino los cambios en las formas de la democracia: cómo se accede al poder mediante pactos no anunciados electoralmente, en los que el votante no puede decidir. Asistimos a un intento de contaminación y comunicación para controlar los tres poderes mediante leyes que, bajo la apariencia de desarrollar libertades políticas, en realidad las restringen. En definitiva, a que la organización del poder legislativo genere un ejecutivo bidireccional; a que lo que importe no sean las soluciones, sino la lucha por mantenerse en el poder.
Se ha abandonado la ética en el ejercicio democrático. Lo que importa es ganar unas elecciones como sea, con el dinero que sea, venga de donde venga, para eternizarse en el poder. Lo que importa es asfixiar a los ciudadanos con la presión fiscal, recaudar impuestos para gastarlos como convenga a quien gobierna, en cosas inútiles o irrelevantes, y perpetuarse en el poder y en sus prebendas. Vox está ahora en el punto de mira por este asunto, pendiente de quien controle las cuentas, siempre y cuando quien las controle no esté nombrado por un sistema directa o indirectamente vinculado a un partido político o deba favores. La desdemocratización supone un nuevo feudalismo moderno, con vasallajes y clientelismos.
España está así de irrespirable en esta nueva «desdemocracia» que tenemos. Y lo peor es que a casi nadie parece importarle. Hannah Arendt lo resumió con una lucidez que hoy duele: «El mayor enemigo de la libertad es la apatía». Y a quienes sí les importa, o no quieren o no pueden hacer nada para cambiarlo.